El proyecto de Ley de Rescate Fiscal plantea elevar la tarifa de retención a ganadores de sorteos y gravar la operación con IVA del 19 %.
El impuesto a los premios de loterías, rifas y apuestas subiría del 20 % al 30 % en Colombia tras la presentación del proyecto de Ley de Rescate Fiscal por parte del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. La iniciativa busca ajustar las tarifas tributarias para incrementar el recaudo.
¿Cómo afectará el impuesto a los premios a los ganadores?
La propuesta gubernamental se encuentra consignada en el artículo 52 del proyecto legal, cuyo propósito es modificar el artículo 317 del Estatuto Tributario. En la actualidad, las personas que obtienen recompensas en sorteos y apuestas deben asumir una retención equivalente al 20 % sobre las ganancias ocasionales derivadas del juego.
Con la reforma planteada, el incremento de 10 puntos porcentuales se aplicará directamente en el momento en que la entidad encargada realice el desembolso del dinero. Según explicó Georlleth Jaramillo, abogada de la firma Centro Jurídico Internacional, el operador formal tiene la obligación legal de retener la tarifa antes de entregar el saldo al ciudadano.
Para ilustrar el efecto directo en el bolsillo, un usuario que gane un acumulado de 100 millones de pesos recibe hoy 80 millones de pesos tras el descuento legal. En caso de recibir luz verde en el legislativo, la retención ascenderá a 30 millones de pesos, dejando un total de 70 millones de pesos disponibles para el beneficiario antes de cualquier otro cobro.
La especialista jurídica precisó que la estructura para liquidar el impuesto a los premios mantendrá su base sobre el valor bruto del dinero obtenido. Esto significa que la norma no permitirá descontar los costos del billete adquirido ni las sumas apostadas con anterioridad a lo largo del año calendario.
El ajuste fiscal abarcará las distintas modalidades contempladas en la regulación comercial vigente. Dentro de las figuras alcanzadas por esta modificación se destacan:
- Las loterías tradicionales y sorteos territoriales.
- Las rifas y apuestas físicas autorizadas.
- Los pronósticos deportivos formales.
- Las plataformas de internet que operan bajo supervisión tributaria.
De esta manera, la aplicación del impuesto a los premios cobijará por igual a los usuarios presenciales y a los apostadores que utilizan canales digitales autorizados en el territorio nacional.
El impacto del IVA en los juegos de suerte y azar
El proyecto legislativo no limita sus modificaciones a los jugadores, sino que incorpora nuevas cargas directas sobre las empresas operadoras. De acuerdo con un informe elaborado por la firma Posse, Herrera y Ruiz, la iniciativa establece que la venta, circulación y explotación de juegos de suerte y azar pasará a ser un hecho generador de IVA del 19 %, exceptuando únicamente a las loterías.
Esta imposición afectará a las compañías del sector incluso si su domicilio operativo se localiza en el exterior. Conforme al análisis de los juristas, las empresas deberán revisar de forma detallada sus estructuras de precios, los términos contractuales vigentes y la liquidez de su caja frente a las obligaciones fiscales.
La normativa incluye bases gravables mensuales fijas para los establecimientos físicos. En el caso específico de las mesas de casino, se definió un cálculo de 580 UVT, cifra equivalente a 30.376.920 pesos colombianos.
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Por su parte, las máquinas tragamonedas tendrán una base mensual estipulada en 40 UVT, la cual descenderá a 20 UVT cuando los aparatos funcionen en locales comerciales cuya actividad principal sea distinta a las apuestas. Para las plataformas que funcionan en línea, la base corresponderá a los depósitos realizados por cada usuario, lo que marca una diferencia sustancial con el impuesto a los premios que asume el ganador.
Preocupación gremial por el recaudo y la salud pública
Las determinaciones contempladas en la Ley de Rescate Fiscal generaron una reacción inmediata entre los representantes gremiales del sector de entretenimiento. La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, conocida como Fecoljuegos, anunció que evalúa detalladamente los textos para formular observaciones institucionales.
El presidente de la entidad, Evert Montero, manifestó la disposición del sector privado para dialogar: “Entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar. También entendemos que un proyecto de ley es una iniciativa para discutir y construir”.
El dirigente gremial enfatizó que cualquier reforma tributaria debe reconocer las diferencias estructurales y los costos particulares de cada modelo de negocio. Para la organización, más allá del impacto del impuesto a los premios en los consumidores, una carga excesiva en los operadores legales podría incentivar el crecimiento de actividades clandestinas y perjudicar la financiación de la salud.
Montero recalcó además la urgencia de preservar la viabilidad económica de las compañías formales y solicitó sustentar las medidas en análisis técnicos: “Necesitamos una tributación justa, sustentada y proporcional, que permita hacer un esfuerzo fiscal sin comprometer la continuidad de las empresas”.
Próximos pasos de la reforma en el Congreso
Actualmente, el ajuste a las ganancias ocasionales y a las operaciones de azar no tiene aplicación inmediata en el país. El texto normativo apenas inicia su discusión legislativa, por lo que su contenido definitivo dependerá de las votaciones en comisiones y plenarias.
Al respecto, la abogada Georlleth Jaramillo recordó que no existe una fecha fijada para la adopción de las tarifas, ya que el documento debe cumplir todos los debates constitucionales correspondientes. Mientras el Congreso de la República evalúa los artículos, el impuesto a los premios continuará liquidándose bajo la tarifa general vigente del 20 %.
De consolidarse la aprobación final del articulado, el nuevo cobro sobre el valor de las apuestas entrará en vigor de acuerdo con los calendarios tributarios del país. Por el momento, la discusión en torno al impuesto a los premios permanece abierta entre el Ejecutivo, el poder legislativo y las empresas formales del sector.
Fuente: elcolombiano.com
