Congresistas, banqueros y constructores plantean reformas a la política de vivienda en Colombia para reactivar el sector sin depender solo de subsidios.
La política de vivienda en Colombia requiere transformaciones estructurales para reactivar la construcción y garantizar techo propio a miles de familias, según manifestaron diversos sectores económicos y políticos reunidos durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol. El encuentro congregó a congresistas, directivos bancarios y voceros gubernamentales que debatieron alternativas financieras ante la coyuntura del sector.
¿Cómo transformar la política de vivienda en una política de Estado?
Uno de los consensos principales entre los participantes fue la urgencia de desvincular las metas habitacionales de los periodos gubernamentales. Los congresistas señalaron que la planeación debe consolidarse a largo plazo con el fin de evitar interrupciones en programas consolidados. El senador Andrés Forero advirtió sobre la disminución presupuestal del sector, cuyos recursos pasarían de $1,7 billones a $700.000 millones hacia el próximo ciclo fiscal.
Frente a esta situación, legisladores como Samir Radi propusieron esquemas institucionales que permitan garantizar presupuestos plurianuales y coordinar esfuerzos entre las entidades nacionales y los entes territoriales. Mantener una política de vivienda articulada busca asegurar la continuidad de proyectos estratégicos de interés social, optimizar la ejecución presupuestal y evaluar constantemente el impacto social sin crear burocracia adicional ni sobrecostos para el erario.
Financiación, cuota inicial y compra de vivienda
El acceso a la financiación representa una de las mayores barreras actuales para las familias. Representantes del sistema financiero propusieron mecanismos que reduzcan la carga mensual que asumen los hogares al momento de adquirir un inmueble. Facilitar la compra de vivienda implica revisar las tasas de interés y considerar coberturas que estimulen la demanda de los compradores.
Desde el sector financiero se sugirió que las tasas hipotecarias desciendan del actual 15% a niveles cercanos al 11% o 12% para reanimar la colocación de cartera. Los créditos hipotecarios podrían beneficiarse si se recuperan esquemas de subsidio a la tasa de interés debidamente focalizados. Estos alivios resultan más económicos para el Estado en comparación con los aportes directos a la cuota inicial y alivian el esfuerzo crediticio de los hogares.
El ahorro previo también ocupa un lugar determinante en la agenda. Voceros como Juan Carlos Gómez, de la Fundación Grupo Social, y Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recordaron que sin dinero para la cuota inicial el crédito no se materializa. En ese sentido, se planteó reactivar incentivos tributarios para cuentas de fomento a la construcción y evaluar la opción de financiar hasta el 90% o 100% del inmueble bajo criterios prudentes de riesgo.
El papel de las garantías públicas y las autoridades territoriales
Para dinamizar las obras preliminares, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, planteó la implementación de garantías estatales temporales. Este esquema permitiría compartir los riesgos crediticios entre el sistema financiero y el Estado, lo que reduciría el costo financiero para los constructores. Al no exigir un desembolso inmediato por la totalidad del crédito respaldado, este instrumento alivia las presiones fiscales inmediatas.
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Por su parte, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, subrayó que una adecuada política de vivienda debe articularse estrechamente con alcaldías y gobernaciones. La habilitación oportuna de suelo urbanizable, la reducción de trámites locales y el uso de recursos complementarios resultan indispensables para que los proyectos avancen con celeridad.
Gutiérrez también propuso incorporar ingresos familiares recurrentes, como las remesas del exterior, para medir con mayor fidelidad la solvencia de quienes solicitan créditos hipotecarios. Durante el año anterior, las transferencias externas alcanzaron US$13.098 millones, lo que demuestra un flujo económico significativo que podría respaldar la adquisición de inmuebles en múltiples regiones.
El déficit habitacional y las metas hacia el futuro
La brecha entre la demanda y la edificación real de unidades habitacionales genera preocupación entre los constructores. Según Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, el país pasó de construir 230.000 unidades a cerca de 112.000 por año, mientras la formación de nuevos hogares ronda las 280.000 familias anuales. Esta disparidad amenaza con elevar los precios si no se incrementa la oferta disponible en el mercado.
Ante este panorama, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, expuso que el Gobierno nacional proyecta levantar 20.000 viviendas en zonas afectadas por emergencias y mantener subsidios de vivienda diferenciados para compra y mejoramiento. A su vez, destacó fuentes complementarias como las regalías y recursos de las cajas de compensación familiar.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, concluyó que la estabilidad de los subsidios de vivienda y la seguridad jurídica resultan cruciales para reactivar el empleo y dinamizar la economía nacional. La discusión evidenció que una política de vivienda moderna y sostenible requiere coordinar esfuerzos tributarios, financieros y territoriales para ofrecer soluciones reales a las familias del país.
Fuente: elcolombiano.com
