El abogado de Deicy Jiménez renunció a su defensa por motivos de seguridad, lo que aplazó la diligencia programada ante la Fiscalía General de la Nación.
El abogado de Deicy Jiménez presentó su renuncia irrevocable a la defensa legal de la testigo debido a problemas de seguridad, lo que obligó a suspender la comparecencia judicial programada recientemente en Bogotá ante las autoridades competentes.
La situación jurídica surgió tras las declaraciones públicas entregadas por Jiménez durante una entrevista concedida a la revista SEMANA. En dicho espacio, la mujer denunció un presunto esquema de entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales, señalando de forma directa al mandatario tras asegurar que lo conocía desde su etapa legislativa en el Congreso.
¿Por qué renunció el abogado de Deicy Jiménez a la defensa?
La dimisión del jurista Felipe Caballero, quien había asumido públicamente la representación jurídica de la denunciante a través de sus canales digitales, se fundamentó de manera estricta en riesgos contra su integridad física. Fuentes cercanas al expediente confirmaron que las amenazas y la falta de garantías impidieron la continuidad de su mandato profesional.
Esta decisión provocó que la diligencia judicial prevista para ampliar los testimonios no pudiera llevarse a cabo en la fecha contemplada. La partida del defensor generó un alto en el cronograma procesal mientras se define quién asumirá formalmente el encargo técnico en las siguientes etapas indagatorias.
Aunque el retiro del jurista representa un obstáculo para la marcha cotidiana del trámite, la denunciante mantiene la condición de testigo principal en las averiguaciones preliminares que adelantan los organismos competentes.
El aplazamiento de la diligencia en la Fiscalía
Frente a la salida del abogado de Deicy Jiménez, la esperada diligencia en la Fiscalía fue postergada de manera temporal hasta que exista una nueva designación legal. El ente acusador había citado a la ciudadana para que precisara el contenido de sus señalamientos y entregara formalmente los elementos de convicción que mencionó en medios de comunicación.
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No obstante, portavoces del organismo judicial precisaron que, conforme a la naturaleza procesal de una entrevista testimonial, la compareciente no requiere estrictamente de asistencia letrada para rendir su versión libre. Pese a esta salvedad técnica, la diligencia se reprogramará con el fin de salvaguardar las garantías procesales de la testigo.
Dentro de este escenario, las actuaciones pendientes de los investigadores abarcan varios puntos determinantes:
- La recopilación integral del material probatorio aportado en medios de comunicación.
- El contraste técnico de los soportes digitales antes de formular nuevas convocatorias judiciales.
- La evaluación de testimonios adicionales vinculados a la administración pública.
Pruebas y declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia
La testigo ya había comparecido formalmente hace 1 semana ante la Corte Suprema de Justicia, corporación donde rindió declaración bajo juramento sobre los hechos que involucran a servidores con fuero constitucional. En dicha instancia, la denunciante ratificó la existencia de evidencias documentales que respaldarían su versión.
Entre los elementos citados por la mujer figuran mensajes de texto, registros audiovisuales y material fotográfico. Con estos registros pretende sustentar la presunta asignación irregular de contratos de prestación de servicios en distintas dependencias del Estado, incluyendo vinculaciones en el Ministerio del Interior.
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De acuerdo con la versión inicial, estas adjudicaciones públicas habrían tenido lugar a cambio de mantener encuentros íntimos. El material en manos de los investigadores será sometido a análisis forenses para comprobar su autenticidad y cadena de custodia.
Próximos pasos y comparecencias en el proceso
Mientras se concreta el reemplazo del abogado de Deicy Jiménez, la fiscalía continuará recopilando información técnica para confrontar los testimonios recopilados. Este ejercicio busca establecer si las irregularidades contractuales denunciadas ameritan la apertura formal de investigaciones penales a funcionarios en ejercicio.
Dentro de los actos de investigación previstos, el ente judicial planteó la posibilidad de citar a declarar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ríos, para que amplíe los datos sobre la contratación de la denunciante. Dicha comparecencia aportaría claridad documental sobre los procesos de selección y supervisión de los contratos cuestionados.
El avance del expediente dependerá de que la denunciante designe a su nuevo representante o acuda de manera directa ante los fiscales del caso para formalizar la entrega de las evidencias anunciadas.
Fuente: semana.com
