Tres inmuebles valorados en más de $3.664 millones quedaron bajo medidas cautelares por la investigación sobre la campaña de 2014 La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre tres inmuebles que estarían relacionados con el patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y algunos integrantes de su entorno familiar. Los bienes, ubicados en
Tres inmuebles valorados en más de $3.664 millones quedaron bajo medidas cautelares por la investigación sobre la campaña de 2014
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre tres inmuebles que estarían relacionados con el patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y algunos integrantes de su entorno familiar. Los bienes, ubicados en Bogotá y Caldas, tienen un avalúo superior a $3.664 millones y quedaron bajo embargo y suspensión del poder dispositivo mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
La decisión está relacionada con la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta financiación internacional de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014, cuando compitió por la Presidencia de Colombia y llegó a segunda vuelta frente a Juan Manuel Santos.
El caso tiene como uno de sus principales elementos la relación investigada entre la campaña de Zuluaga y la multinacional brasileña Odebrecht, señalada por la Fiscalía de haber asumido pagos relacionados con servicios de publicidad utilizados en beneficio de la candidatura.
¿Qué bienes fueron afectados por la Fiscalía?
Las medidas cautelares recaen sobre tres propiedades. Se trata de un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en el municipio de Pensilvania, en Caldas.
Según la información entregada por la Fiscalía, el conjunto de bienes tiene un valor aproximado de $3.664 millones.
El organismo judicial explicó que la medida busca impedir que las propiedades sean vendidas, transferidas, donadas o sometidas a cualquier negocio jurídico mientras continúa el trámite correspondiente.
La decisión no significa por sí misma que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Se trata de una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio que deberá continuar las etapas previstas por la legislación colombiana.
La investigación apunta a la campaña presidencial de 2014
El origen de la actuación está en la investigación sobre los recursos utilizados durante la campaña “Zuluaga Presidente 2014-2018”.
De acuerdo con la Fiscalía, el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, perteneciente a la Delegada para las Finanzas Criminales, recopiló elementos materiales probatorios relacionados con un supuesto aporte de la multinacional brasileña a la campaña.
La entidad sostiene que Odebrecht habría asumido el pago de 1,61 millones de dólares en servicios de publicidad que beneficiaron a la candidatura.
El valor, calculado a precios actuales, equivale a cerca de $5.000 millones. Para la Fiscalía, el punto central es que este aporte presuntamente no habría sido reportado en los balances de campaña ni informado a las autoridades electorales.
La investigación también considera que el origen extranjero de los recursos podría constituir una fuente de financiación prohibida para una campaña política colombiana.
¿Por qué el dinero de Odebrecht es clave?
La legislación electoral colombiana establece restricciones frente a la financiación de campañas por parte de personas jurídicas extranjeras. En este caso, la Fiscalía sostiene que el supuesto aporte de Odebrecht no fue declarado ante las autoridades electorales.
El artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 contempla las prohibiciones relacionadas con las fuentes de financiación de las campañas políticas.
La investigación busca establecer la ruta que siguieron los recursos y determinar cómo se incorporaron a la campaña presidencial de 2014.
Uno de los elementos mencionados por la Fiscalía son los pagos realizados por Odebrecht para servicios de publicidad que habrían beneficiado a la candidatura de Zuluaga.
Los recursos habrían pasado por Panamá
La investigación también encontró movimientos financieros realizados entre junio y julio de 2014.
Según la Fiscalía, los recursos fueron transferidos a una sociedad constituida en Panamá y relacionada con el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.
Para ese momento, los giros representaban más de $3.000 millones.
La utilización de una sociedad extranjera forma parte de los elementos que la Fiscalía analiza para reconstruir el recorrido de los recursos y establecer las responsabilidades que correspondan dentro de las investigaciones.
El caso se conecta así con una trama financiera internacional que comenzó con los aportes que la Fiscalía atribuye a Odebrecht y posteriormente habría involucrado sociedades y movimientos de dinero fuera de Colombia.
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Algunas propiedades fueron donadas a familiares
Otro elemento que llamó la atención de la Fiscalía es el cambio de titularidad de algunas de las propiedades afectadas.
Según el ente acusador, determinados bienes habrían pertenecido directamente a Óscar Iván Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar.
Por esta razón, la medida cautelar también alcanza propiedades que actualmente pueden figurar a nombre de personas diferentes al excandidato.
La Fiscalía busca evitar que esos activos sean nuevamente transferidos o negociados mientras se determina si existe una relación patrimonial con los hechos investigados.
Este tipo de medidas tiene como propósito preservar los bienes durante el proceso y evitar que una eventual decisión posterior resulte imposible de ejecutar.
¿Qué significa la suspensión del poder dispositivo?
La suspensión del poder dispositivo es una medida que limita temporalmente la capacidad del propietario o poseedor de disponer de un bien.
En términos prácticos, las personas afectadas no pueden vender, regalar, transferir, hipotecar o realizar determinadas operaciones comerciales sobre los inmuebles mientras esté vigente la medida.
Esto es diferente a una decisión definitiva de extinción de dominio.
El proceso deberá continuar ante las autoridades competentes para establecer si los bienes están relacionados con actividades ilícitas o con recursos que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.
La medida cautelar funciona, por tanto, como una herramienta preventiva para conservar el patrimonio mientras avanza la investigación.
El caso Odebrecht sigue teniendo consecuencias en Colombia
El nuevo procedimiento contra los bienes de Zuluaga muestra que las investigaciones relacionadas con Odebrecht continúan generando actuaciones judiciales y patrimoniales años después de los hechos.
La multinacional brasileña protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción empresarial de América Latina, con investigaciones en varios países por el pago de sobornos y el uso de mecanismos financieros para obtener contratos y beneficios.
En Colombia, el caso también alcanzó escenarios políticos y electorales.
La campaña presidencial de 2014 de Zuluaga ha sido investigada durante años por la presunta recepción de recursos provenientes de una compañía extranjera.
Las medidas cautelares anunciadas ahora se concentran en el componente patrimonial y buscan preservar tres inmuebles mientras avanza el trámite correspondiente.
La medida no equivale a una condena
La situación jurídica debe diferenciarse de una condena penal.
La Fiscalía impuso las medidas dentro de una actuación de extinción de dominio relacionada con los hechos investigados. El embargo y la suspensión del poder dispositivo tienen como finalidad impedir que los bienes sean transferidos mientras se define su situación jurídica.
Por eso, la existencia de la medida cautelar no significa automáticamente que se haya producido una declaración definitiva de responsabilidad sobre los bienes.
El proceso deberá avanzar con las garantías correspondientes y será la autoridad competente la que determine el resultado final.
La actuación, sin embargo, representa un nuevo capítulo en una investigación que durante años ha seguido las posibles conexiones entre la financiación de la campaña de 2014, los recursos atribuidos a Odebrecht y el patrimonio relacionado con el entonces candidato presidencial.
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