La Gobernación deberá contener la expansión de grupos armados y recuperar el control en varias regiones del departamento La seguridad en Antioquia entra en una nueva etapa marcada por la expansión territorial de diferentes estructuras criminales y la disputa por economías ilegales. El desafío para la Gobernación y para el secretario de Seguridad, brigadier general
La Gobernación deberá contener la expansión de grupos armados y recuperar el control en varias regiones del departamento
La seguridad en Antioquia entra en una nueva etapa marcada por la expansión territorial de diferentes estructuras criminales y la disputa por economías ilegales. El desafío para la Gobernación y para el secretario de Seguridad, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, será recuperar capacidad de control en municipios donde grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN han ampliado su presencia. Según información de la administración departamental citada por El Colombiano, estas organizaciones ya tienen algún nivel de presencia en 101 de los 125 municipios de Antioquia.
Antioquia comienza una nueva etapa con uno de los desafíos más complejos de su agenda pública: enfrentar el avance de las organizaciones criminales y recuperar espacios donde la presencia de grupos armados ha aumentado durante los últimos años.
El panorama obliga a la Gobernación a replantear sus estrategias de seguridad en un territorio donde las disputas por las rentas ilegales siguen alimentando hechos de violencia.
El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Eduardo Martínez, tendrá un papel determinante en esta tarea debido a su experiencia en operaciones contra organizaciones armadas y su conocimiento de las dinámicas de seguridad del departamento. La propia Gobernación destaca que el funcionario lideró la Operación Agamenón contra el Clan del Golfo.
Seguridad en Antioquia deberá recuperar terreno
El principal problema no está concentrado en una sola zona.
De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, diferentes estructuras ilegales tienen presencia en 101 de los 125 municipios de Antioquia, situación que evidencia la magnitud del reto para las autoridades.
El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN aparecen entre las organizaciones que han ampliado su influencia territorial.
La disputa no se limita al control de corredores estratégicos.
También está relacionada con actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico y otras fuentes de financiación criminal.
El Clan del Golfo amplió su influencia
Uno de los principales focos de preocupación para las autoridades es el crecimiento territorial del Clan del Golfo.
Según las cifras citadas por El Colombiano, la influencia de esta organización aumentó 74 % en los últimos dos años.
Las disidencias de las Farc también registraron una expansión significativa, calculada en 75 %, mientras que el ELN habría aumentado su presencia territorial en 6 %.
Estos movimientos han modificado el mapa de seguridad del departamento.
Las organizaciones ilegales buscan controlar territorios que les permitan acceder a rentas criminales y establecer corredores para sus actividades.
Las regiones concentran buena parte de la presión
La situación es especialmente delicada fuera del área metropolitana.
Varias subregiones de Antioquia enfrentan disputas entre organizaciones que buscan consolidar su dominio sobre corredores rurales y zonas estratégicas.
Esto genera dificultades adicionales para las autoridades porque las operaciones deben desarrollarse en territorios extensos, con condiciones geográficas complejas y una presencia institucional que no siempre tiene la misma capacidad que en las grandes ciudades.
Luis Eduardo Martínez ha advertido precisamente sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en diferentes subregiones.
El reto será aumentar la presencia institucional
Uno de los reclamos recurrentes de las autoridades departamentales ha sido el fortalecimiento del pie de fuerza.
Desde 2024, la Gobernación ha solicitado al Gobierno Nacional mayores capacidades para enfrentar la situación de orden público.
Incluso durante 2025 se acudió a la figura de asistencia militar ante situaciones consideradas críticas.
Ahora, la administración departamental tendrá que definir cómo utilizar las capacidades disponibles y cómo coordinar las acciones con Policía, Ejército y Fiscalía.
Operación Cazador apunta a los principales objetivos
Entre las estrategias anunciadas recientemente se encuentra la Operación Cazador Antioquia, una iniciativa que busca concentrar esfuerzos de la Fuerza Pública y la Fiscalía para localizar, capturar y judicializar a 19 objetivos considerados prioritarios.
La estrategia pretende articular capacidades de diferentes instituciones y atacar directamente las estructuras que generan mayor presión criminal en el departamento.
El desafío será evitar que la captura de determinados cabecillas produzca simplemente una reconfiguración de los grupos.
Las autoridades deberán combinar las operaciones contra los responsables con presencia permanente en los territorios.
Seguridad y control territorial, dos tareas inseparables
La lucha contra la criminalidad no dependerá únicamente del número de capturas.
El control territorial también requiere presencia institucional, inversión social, infraestructura, justicia y capacidad para impedir que las organizaciones ilegales vuelvan a ocupar los espacios dejados después de una operación.
En ese sentido, la Gobernación enfrenta una tarea que va más allá de las estadísticas.
Se trata de recuperar la confianza de las comunidades que viven en municipios donde los grupos armados han adquirido capacidad de intimidación.
Un desafío que marcará la gestión departamental
La situación de seguridad en Antioquia será uno de los principales indicadores para evaluar la gestión de la Gobernación.
La expansión de los grupos criminales durante los últimos años obliga a las autoridades a actuar con rapidez y coordinación.
El reto para Luis Eduardo Martínez será traducir su experiencia operativa en una estrategia capaz de responder a un departamento con realidades muy diferentes.
Antioquia no enfrenta un único problema de seguridad.
En sus regiones confluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, disputas territoriales y presencia de grupos armados.
Por eso, la respuesta deberá ser igualmente integral.
