Un juez envió a prisión a un taxista señalado de cometer un ataque con ácido contra su expareja en Medellín, provocándole graves quemaduras corporales.
El ataque con ácido perpetrado el 28 de octubre en el barrio Aranjuez de Medellín culminó con el envío a prisión de un taxista. La decisión judicial recayó sobre Guillermo P. L., a quien las autoridades señalan de quemar a su expareja, una joven de 24 años, mediante una sustancia química altamente destructiva.
El dictamen médico inicial confirmó que la ciudadana resultó con afectaciones severas en el 50 % de su cuerpo, con lesiones concentradas en la zona facial y el tórax. Durante las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa, señalamiento que el procesado rechazó formalmente ante los estrados.
Detalles de la investigación tras el ataque con ácido
Las labores de policía judicial permitieron reconstruir los momentos previos a la agresión ocurrida en la capital antioqueña. De acuerdo con el expediente fiscal, el conductor citó a la joven bajo el pretexto de conversar sobre asuntos relacionados con sus hijos menores de edad, garantizando así que ella abordara el vehículo de servicio público que él manejaba habitualmente.
Durante el recorrido por las calles de Aranjuez, el sospechoso detuvo la marcha del automotor fingiendo un percance mecánico imprevisto. Acto seguido, descendió para abrir el baúl, extrajo un recipiente con el químico y procedió a cometer el ataque con ácido contra la mujer indefensa en el asiento del copiloto.
Ante el dolor desgarrador y la pérdida progresiva de la visión provocada por el contacto con la sustancia corrosiva, la afectada suplicó auxilio médico inmediato. El agresor aceptó trasladarla hacia un centro asistencial, pero aprovechó el trayecto para presionarla e intimidarla con el propósito de que declarara ante los médicos que un habitante de calle había arrojado el químico.
¿Qué determinaron los exámenes médicos y los antecedentes?
Los médicos de urgencias que recibieron a la paciente confirmaron que las heridas correspondían a quemaduras de segundo grado causadas durante el ataque con ácido, las cuales pusieron en riesgo inminente su existencia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció además un grave compromiso en el sentido de la vista, aunque los especialistas no han precisado si el daño visual resultará definitivo.
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Las pesquisas institucionales revelaron un historial prolongado de violencia de género que la víctima venía soportando durante varios años de convivencia. La Fiscalía General de la Nación estableció que la mujer sufrió agresiones físicas, verbales y psicológicas continuas por parte del imputado, circunstancias que finalmente la impulsaron a terminar la relación sentimental tiempo atrás.
Durante el mismo suceso violento, el señalado responsable también sufrió quemaduras leves provocadas por la manipulación del líquido corrosivo, por lo cual requirió atención facultativa. Posteriormente, uniformados adscritos a la Policía Nacional hicieron efectiva su captura formal para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Marco legal colombiano frente al uso de agentes químicos
En el ordenamiento penal de Colombia, cualquier agresión con sustancias corrosivas se encuentra estrictamente tipificada para evitar la impunidad. La Ley Natalia Ponce de León, incorporada mediante la Ley 1773 de 2016 al artículo 116A del Código Penal, fijó sanciones autónomas y severas para quienes atenten contra la integridad física de terceros utilizando químicos o ácidos.
Las sanciones contempladas en la legislación nacional para castigar un ataque con ácido varían según la gravedad de las secuelas:
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- Pena privativa de la libertad fijada entre 150 y 240 meses de prisión y sanciones pecuniarias básicas.
- Condenas que ascienden de 251 a 360 meses si la conducta ocasiona deformidad física o pérdidas anatómicas permanentes.
- Un incremento de hasta una tercera parte sobre la condena base en casos donde la afectación comprometa de forma directa el rostro.
A pesar de la existencia de este marco penal especial, el fiscal a cargo del caso optó por imputar feminicidio agravado en grado de tentativa. Esta tipificación jurídica responde a los antecedentes reiterados de maltrato y a la clara intención feminicida evidenciada durante el ataque con ácido perpetrado contra la madre de sus hijos.
Rutas de atención y siguientes etapas del proceso
El caso entra ahora en una fase probatoria definitiva en la que la Fiscalía deberá sustentar sus señalamientos ante los tribunales, ya que el procesado se declaró inocente de los cargos. La justicia evaluará los dictámenes de Medicina Legal y los testimonios recopilados para determinar una condena ejemplar en este ataque con ácido.
Frente al incremento de agresiones intrafamiliares y ataques machistas, las autoridades territoriales reiteraron la disponibilidad de canales de protección y auxilio. En la capital de Antioquia opera de manera ininterrumpida la Línea 123 Agencia Mujer, una plataforma que ofrece acompañamiento legal y psicológico frente a hechos de violencia de género.
La ciudadanía puede acceder a diversos mecanismos institucionales para denunciar hechos de violencia o alertar sobre amenazas:
- Línea 123 Agencia Mujer en Medellín, disponible durante las 24 horas del día para emergencias y contención en crisis.
- Línea nacional 155, un canal gratuito de orientación para mujeres en riesgo de sufrir violencia en cualquier región del país.
- Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y Unidades de Reacción Inmediata para tramitar denuncias penales formales.
La prevención temprana resulta clave para evitar desenlaces trágicos como un ataque con ácido, permitiendo que las víctimas activen medidas cautelares antes de que las agresiones escalen a niveles que comprometan su integridad.
Fuente: minuto30.com
