El abogado de la entidad expuso durante varias horas los argumentos para solicitar una medida de aseguramiento en el caso por presuntas irregularidades contractuales La audiencia para definir una eventual medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega avanzó este lunes con la extensa intervención del abogado que representa al Área Metropolitana del Valle
El abogado de la entidad expuso durante varias horas los argumentos para solicitar una medida de aseguramiento en el caso por presuntas irregularidades contractuales
La audiencia para definir una eventual medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega avanzó este lunes con la extensa intervención del abogado que representa al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad reconocida como víctima dentro de la investigación. El representante solicitó que ambos permanezcan privados de la libertad mientras continúa el proceso por presuntas irregularidades en contratos suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Durante su exposición habló de posibles riesgos de obstrucción a la justicia, presiones a testigos, gravedad de las conductas investigadas y posibilidad de que los procesados no comparezcan. La audiencia fue suspendida y continuará el 28 de septiembre.
AMVA solicita medida de aseguramiento para dos imputados
El proceso judicial por presuntas irregularidades en el AMVA llegó a una nueva etapa con la discusión sobre la posible privación preventiva de la libertad de Miguel Quintero y Sebastián Ortega.
La solicitud fue presentada por Majer Nayi Abushihab, abogado que representa al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad reconocida como víctima dentro del proceso.
Durante una extensa intervención ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías, el abogado expuso los elementos que, desde la perspectiva de la entidad, justificarían una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La petición no constituye una condena y la responsabilidad penal de los procesados todavía deberá establecerse dentro del proceso judicial.
Fiscalía y AMVA hicieron solicitudes diferentes
La Fiscalía General de la Nación había solicitado previamente una medida de aseguramiento intramural para Miguel Quintero.
El abogado del AMVA amplió esa solicitud para incluir también a Sebastián Ortega.
Esta diferencia es relevante porque ambos fueron imputados dentro de la misma investigación, pero la Fiscalía y la representación de la víctima no plantearon inicialmente exactamente la misma solicitud frente a cada procesado.
Ortega responde por el presunto delito de peculado por apropiación, mientras que a Miguel Quintero se le imputaron presunto peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
Ninguno de los dos aceptó los cargos durante la audiencia de imputación.
El caso está relacionado con seis contratos
La investigación se centra en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la hipótesis de la Fiscalía, esos contratos tuvieron un valor conjunto de 17.656 millones de pesos.
El ente acusador sostiene que alrededor de la contratación habría existido el pago de una presunta coima de 2.481 millones de pesos.
Dentro de la investigación también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, quien se desempeñó como asesora jurídica de la entidad.
Los señalamientos hacen parte de una investigación en curso y deberán ser sustentados y controvertidos durante las diferentes etapas del proceso.
El abogado habló de posibles riesgos para el proceso
Uno de los principales argumentos expuestos por el representante del AMVA estuvo relacionado con una eventual obstrucción de la investigación.
Según su exposición, existirían elementos que permitirían considerar un posible riesgo para algunos testigos y para la obtención o preservación de información relevante.
El abogado hizo referencia a declaraciones, chats y otros elementos incorporados al expediente para sustentar su petición.
También señaló que algunas actuaciones investigadas podrían demostrar, según su interpretación, que determinadas personas tenían capacidad de influir sobre terceros sin necesidad de ocupar formalmente un cargo dentro de la administración pública.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos presentados por la representación de la víctima y no constituyen por sí mismas hechos judicialmente probados.
También se mencionaron presuntas presiones a testigos
Durante la audiencia, Abushihab hizo referencia a situaciones que, según su exposición, podrían estar relacionadas con presiones o acercamientos hacia personas que participan como testigos dentro de la investigación.
Uno de los nombres mencionados fue Misael Cadavid, quien aparece como una persona relevante dentro del expediente y habría colaborado con la Fiscalía.
El abogado sostuvo que se habrían presentado diferentes acercamientos a personas del entorno de algunos testigos.
También hizo referencia a contactos con familiares y a mensajes que, según su interpretación, podrían tener relación con los investigados.
Estos elementos deberán ser analizados por el juez y confrontados por las partes antes de establecer si tienen relevancia suficiente para justificar una medida de aseguramiento.
Los chats aparecen entre los elementos citados
La exposición del abogado incluyó referencias a conversaciones digitales que, según la representación del AMVA, mostrarían comunicaciones entre personas vinculadas con la administración de la época y otros particulares.
Algunos de esos chats fueron presentados como evidencia de la manera en que supuestamente se coordinaban reuniones, asuntos administrativos y temas relacionados con contratación.
El abogado también mencionó conversaciones en grupos denominados “Amigos” y “Alternativos sin condón”.
Según la interpretación presentada en audiencia, esas conversaciones podrían demostrar relaciones de influencia alrededor de decisiones administrativas.
La valoración definitiva de estos mensajes corresponderá al juez y, posteriormente, a las autoridades judiciales encargadas de resolver el fondo del proceso.
El papel atribuido a Miguel Quintero es otro punto central
Durante la intervención también se expusieron testimonios relacionados con el supuesto nivel de influencia que Miguel Quintero habría tenido dentro de entidades públicas.
El abogado citó declaraciones de personas que trabajaron o tuvieron relación con el AMVA durante el periodo investigado.
Algunas de esas declaraciones fueron interpretadas por la representación de la víctima como indicios de que Quintero habría ejercido influencia sobre decisiones administrativas pese a no ocupar formalmente un cargo dentro de la entidad.
La defensa de los procesados tendrá la oportunidad de controvertir esas afirmaciones y presentar su propia interpretación de los elementos mencionados durante la audiencia.
Más Noticias en nuestras Redes
Sebastián Ortega también está en el centro de la solicitud
La situación de Sebastián Ortega ocupa un capítulo específico dentro de la solicitud del AMVA.
Según la investigación, Ortega habría obtenido presuntamente 133 millones de pesos relacionados con los hechos que son materia del proceso.
La Fiscalía lo imputó por presunto peculado por apropiación.
Durante la audiencia, el abogado de la víctima sostuvo que además existirían otros elementos que relacionarían a Ortega con personas y actuaciones investigadas.
La solicitud de medida de aseguramiento para él será analizada dentro de la misma diligencia en la que se discute la situación de Miguel Quintero.
Los viajes al exterior fueron incluidos en la argumentación
Otro de los aspectos expuestos por el abogado estuvo relacionado con los viajes internacionales de Miguel Quintero y Sebastián Ortega.
La representación del AMVA sostuvo que ambos tienen posibilidades de desplazarse fuera de Colombia y utilizó esa circunstancia como uno de los argumentos relacionados con una eventual falta de comparecencia.
En el caso de Ortega, el abogado mencionó varios desplazamientos internacionales y señaló que la frecuencia habría aumentado durante los últimos años.
Sin embargo, viajar al exterior no constituye por sí mismo evidencia de intención de evadir la justicia. El eventual riesgo de no comparecencia debe ser evaluado por el juez a partir del conjunto de circunstancias del caso.
La medida de aseguramiento todavía no está definida
La extensa intervención del abogado del AMVA no significa que Miguel Quintero o Sebastián Ortega hayan sido enviados a prisión.
La audiencia busca precisamente que el juez determine si existen los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento y cuál sería la medida aplicable.
Después de la intervención de la representación de la víctima deben participar las demás partes del proceso.
La defensa también tendrá oportunidad de presentar sus argumentos y controvertir los elementos utilizados para solicitar la privación de la libertad.
La audiencia continuará el 28 de septiembre
La diligencia fue suspendida después de la intervención del abogado del AMVA.
De acuerdo con reportes publicados posteriormente, la audiencia fue programada para continuar el 28 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
Esto significa que todavía no existe una decisión final sobre la medida de aseguramiento solicitada para Miguel Quintero y Sebastián Ortega.
El juez deberá escuchar a las partes que todavía tengan intervención y posteriormente analizar los argumentos antes de adoptar una determinación.
Contexto: un proceso que investiga contratación pública
La investigación comenzó alrededor de presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía sostiene que los contratos habrían sido direccionados y que se habría establecido un esquema de pagos irregulares.
Miguel Quintero, Sebastián Ortega, Álvaro Villada y Vanesa Álvarez fueron imputados por diferentes delitos relacionados con la investigación.
Todos mantienen el derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
La audiencia de medida de aseguramiento constituye una etapa preventiva del proceso y no define la responsabilidad penal definitiva de los investigados.
Preguntas frecuentes sobre el caso AMVA
¿Por qué el AMVA pidió cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega?
El abogado de la entidad argumentó posibles riesgos para el desarrollo de la investigación, entre ellos eventual obstrucción de la justicia, presiones a testigos, gravedad de las conductas investigadas y riesgo de no comparecencia.
¿Ya fueron enviados a prisión Miguel Quintero y Sebastián Ortega?
No. La solicitud de medida de aseguramiento todavía está en trámite. La audiencia fue suspendida y continuará el 28 de septiembre de 2026.
¿De qué trata la investigación?
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un valor total de 17.656 millones de pesos. El ente acusador sostiene que habría existido una presunta coima de 2.481 millones.
Te puede interesar: Cambios viales Itagui
