El Gobierno confirmó el fin de los diálogos heredados de Petro y anuncia que los grupos deberán someterse a la justicia El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de los principales procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación que habían sido establecidos durante la administración de Gustavo Petro bajo
El Gobierno confirmó el fin de los diálogos heredados de Petro y anuncia que los grupos deberán someterse a la justicia
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de los principales procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación que habían sido establecidos durante la administración de Gustavo Petro bajo la política conocida como Paz Total.
La decisión representa un cambio profundo en la estrategia del Estado frente a las organizaciones armadas ilegales y las estructuras criminales. Según el Ejecutivo, los procesos heredados no demostraron resultados suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia y, por esa razón, no continuarán bajo el mismo modelo.
El anuncio involucra conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y diferentes estructuras criminales. En Antioquia, además, supone el cierre de los espacios sociojurídicos en los que habían participado alrededor de 17 bandas con presencia en Medellín y distintos municipios del Valle de Aburrá.
El Gobierno anuncia un cambio de rumbo
La administración de Abelardo de la Espriella sostuvo que el Estado no mantendrá mecanismos institucionales que puedan ser utilizados por grupos armados para prolongar sus actividades criminales, obtener beneficios procesales o evadir la justicia.
La decisión fue presentada como el cierre definitivo de una etapa de la política de seguridad que buscaba establecer simultáneamente conversaciones con diferentes organizaciones ilegales.
El Gobierno considera que los resultados obtenidos no justifican mantener abiertos estos espacios. Por eso, la nueva estrategia estará enfocada en que quienes realmente quieran abandonar las armas recurran a los mecanismos de sometimiento establecidos por la ley.
El Ejecutivo también advirtió que las estructuras que decidan continuar ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentadas por la Fuerza Pública dentro del marco legal.
¿Qué mesas de diálogo llegaron a su fin?
Entre los procesos que fueron cerrados aparecen conversaciones con estructuras disidentes de las Farc, entre ellas el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, relacionado con alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, vinculada con alias Walter Mendoza.
También terminó el proceso con el Frente Comuneros del Sur, una estructura disidente del ELN comandada por alias HH. Este grupo había entregado 585 artefactos explosivos para su destrucción como parte de los avances alcanzados durante el proceso anterior.
Otro de los cierres corresponde a la mesa de negociación con el ELN, un proceso que ya permanecía suspendido desde enero de 2025.
La decisión implica que el nuevo Gobierno no retomará las conversaciones bajo el esquema que había utilizado la administración Petro.
También se acabaron espacios con estructuras criminales
La decisión no se limita a las organizaciones guerrilleras.
El Gobierno también anunció el cierre de los espacios sociojurídicos con bandas criminales. Entre ellos aparece el proceso con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, así como conversaciones con estructuras de Buenaventura como Los Espartanos y Los Shottas.
También quedó incluido el proceso que involucraba al Clan del Golfo, estructura que durante las conversaciones se identificaba como Ejército Gaitanista de Colombia.
En Chocó fueron cerrados espacios con Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS.
La medida tiene una importancia especial para Antioquia, porque el Gobierno confirmó el final de las conversaciones que involucraban a alrededor de 17 bandas que operaban en Medellín y diferentes sectores del Valle de Aburrá.
¿Qué pasa con las bandas del Valle de Aburrá?
Durante la administración anterior, Medellín y otros municipios del área metropolitana fueron escenario de espacios sociojurídicos con organizaciones criminales.
Entre las estructuras mencionadas dentro de estos procesos estuvieron La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana, además de otras organizaciones con presencia en diferentes zonas del Valle de Aburrá.
El objetivo de estas conversaciones era buscar reducciones de la violencia y avanzar hacia mecanismos que permitieran la desarticulación o sometimiento de las estructuras.
Con la decisión del Gobierno nacional, estos espacios dejan de formar parte de la estrategia oficial.
Esto significa que la política frente a las bandas cambia de manera sustancial: en lugar de mantener conversaciones colectivas, la administración pretende que los integrantes que quieran abandonar las actividades criminales acudan a mecanismos de sometimiento individual o bajo las rutas jurídicas disponibles.
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El sometimiento será la nueva vía
Uno de los puntos centrales del anuncio es la diferencia entre negociación y sometimiento.
El Gobierno plantea que quienes tengan una voluntad verdadera de dejar las armas deberán hacerlo dentro del marco de la justicia. Esto supone un cambio frente al modelo de negociación política o sociojurídica que se intentó aplicar con diferentes estructuras durante el gobierno anterior.
La administración sostiene que quienes abandonen las armas podrán encontrar una ruta institucional, pero quienes continúen cometiendo homicidios, desplazamientos, extorsiones, secuestros u otros delitos serán enfrentados por las autoridades.
La idea es que el Estado deje de mantener mesas abiertas mientras las organizaciones continúan fortaleciendo su presencia territorial.
Los Pepes aparecen como primer caso bajo el nuevo modelo
En medio del cierre de las mesas, el Gobierno conoció una manifestación de voluntad de sometimiento por parte de la banda Los Pepes, que opera en Barranquilla.
La organización habría expresado su disposición a abandonar las actividades criminales, entregar información, contribuir con la verdad y reparar a las víctimas.
También habría ofrecido servir como mediadora con otras estructuras armadas.
Si el proceso avanza formalmente, podría convertirse en uno de los primeros ejemplos del modelo de sometimiento que busca implementar la administración de De la Espriella.
El caso será observado con atención porque permitirá determinar cómo funcionarán en la práctica las nuevas rutas para quienes quieran abandonar las organizaciones criminales.
Se levanta una zona de ubicación en Putumayo
Otro de los cambios anunciados es el cierre de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo.
En ese lugar permanecían integrantes de los Comandos de Frontera que habían dejado las armas como parte de un proceso desarrollado durante la administración Petro.
La decisión establece el cierre del espacio y la transición hacia un esquema de acompañamiento individual.
Reportes recientes señalan que cerca de 99 excombatientes habían llegado inicialmente a la zona y que una parte de ellos permanecía allí pese al anuncio de cierre. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización deberá acompañar el tránsito hacia la vida civil fuera de ese espacio.
La decisión abre un nuevo debate sobre la seguridad
El cierre de las mesas no significa que desaparezca el conflicto armado ni que las estructuras criminales dejen automáticamente de operar.
Por el contrario, uno de los principales retos del Gobierno será demostrar que el cambio de estrategia consigue reducir la violencia y debilitar a los grupos armados.
La administración deberá combinar operaciones de la Fuerza Pública con mecanismos jurídicos que permitan el sometimiento efectivo de quienes abandonen las armas.
El desafío será especialmente grande en regiones donde las organizaciones criminales tienen control territorial, capacidad económica y redes de apoyo.
¿Qué queda de la Paz Total?
La política de Paz Total fue uno de los principales proyectos del gobierno de Gustavo Petro. Su propósito era buscar acuerdos simultáneos con diferentes organizaciones armadas y criminales para reducir la violencia y avanzar hacia su desmovilización.
Sin embargo, los procesos enfrentaron suspensiones, rupturas, dificultades jurídicas y cuestionamientos por la continuidad de la violencia en varias regiones.
La Fundación Ideas para la Paz había advertido sobre dificultades en tres áreas: el desescalamiento de la violencia, las transformaciones territoriales y el tránsito de integrantes de grupos ilegales hacia la vida civil.
Ahora, el Gobierno de De la Espriella opta por abandonar ese modelo y concentrar su estrategia en seguridad, sometimiento a la justicia y acción de la Fuerza Pública.
El cambio tendrá efectos importantes en Medellín, Antioquia y otras regiones donde las autoridades locales habían participado directa o indirectamente en procesos de diálogo con organizaciones criminales.
La nueva etapa comenzará a medirse por sus resultados: reducción de homicidios, debilitamiento de las estructuras, recuperación del control territorial y, especialmente, capacidad para lograr que quienes quieran abandonar la ilegalidad encuentren una ruta jurídica clara sin que eso implique mantener negociaciones políticas con las organizaciones armadas.
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