Gobierno activa nuevas medidas para llevar recursos y ayudas a las zonas afectadas El Gobierno Nacional expidió 11 decretos de emergencia económica para acelerar la atención y reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Las medidas, firmadas el 9 de septiembre, buscan facilitar el movimiento de recursos, recuperar servicios públicos,
Gobierno activa nuevas medidas para llevar recursos y ayudas a las zonas afectadas
El Gobierno Nacional expidió 11 decretos de emergencia económica para acelerar la atención y reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Las medidas, firmadas el 9 de septiembre, buscan facilitar el movimiento de recursos, recuperar servicios públicos, atender la infraestructura de salud, proteger la educación y abrir nuevas vías de financiación para las comunidades damnificadas.
El paquete normativo fue presentado un mes después del sismo de magnitud 7,4 que golpeó especialmente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño. Los decretos están numerados del 1379 al 1389 y modifican temporalmente diferentes procedimientos del Estado para responder a las necesidades de la emergencia.
Un fondo concentrará recursos para la reconstrucción
El primer gran cambio está contemplado en el Decreto 1379, mediante el cual se crea el Fondo Patria Milagro. Se trata de un patrimonio autónomo que será administrado por una fiduciaria pública y vigilado por la Superintendencia Financiera.
La intención es concentrar en un mismo mecanismo diferentes fuentes de financiación. Allí podrán llegar recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones, créditos, regalías y aportes del sector privado.
El Gobierno busca que este fondo permita ejecutar con mayor rapidez proyectos relacionados con vivienda, infraestructura, servicios públicos y recuperación económica en los territorios que sufrieron mayores daños.
Energía tendrá recursos extraordinarios
El Decreto 1380 está dirigido a recuperar el servicio de energía eléctrica en las regiones afectadas. Según el balance oficial citado en la información gubernamental, cerca de 1,5 millones de usuarios resultaron afectados por la interrupción del suministro después del terremoto.
La norma autoriza al FONDES a entregar aportes no reembolsables, por una sola vez, para ayudar a las empresas que cumplan determinadas condiciones a restablecer la prestación del servicio.
La recuperación de la electricidad es considerada prioritaria porque de ella dependen hospitales, hogares, comercios, sistemas de comunicación y otras actividades esenciales para la recuperación de las comunidades.
Alcaldías podrán apoyar territorios diferentes
Uno de los cambios que puede tener mayor impacto en la distribución de recursos está en el Decreto 1381. La norma permite temporalmente que alcaldías y gobernaciones puedan financiar o cofinanciar proyectos de reconstrucción fuera de sus propios límites territoriales.
La medida busca superar una dificultad que quedó expuesta durante la emergencia: algunos municipios no afectados tenían recursos disponibles en sus fondos de desastres, mientras que las localidades directamente golpeadas por el terremoto enfrentaban enormes necesidades y presupuestos limitados.
De esta manera, los territorios con mayor capacidad financiera podrán participar en obras de recuperación en las zonas afectadas.
Más opciones de financiación para los municipios
El Decreto 1382 entrega nuevas herramientas financieras a los municipios afectados. Entre ellas está la posibilidad de reorientar determinadas rentas, contratar créditos de hasta el 15 % de sus ingresos corrientes y conservar el 100 % de la sobretasa al ACPM.
El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta de las administraciones locales y permitir que tengan recursos para atender necesidades urgentes mientras avanzan los procesos de reconstrucción.
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Salud y pensiones también entran en el paquete
El Decreto 1383 modifica temporalmente algunas reglas relacionadas con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET.
La norma establece plazos extraordinarios para acreditar requisitos y solicitar retiros de recursos. También permite utilizar excedentes relacionados con el sector salud para apoyar la reconstrucción de infraestructura sanitaria.
Este punto cobra especial importancia debido a los daños registrados en cientos de centros asistenciales. La prioridad será recuperar espacios que permitan garantizar atención médica en los municipios afectados.
Cambios temporales para los empleados públicos
La emergencia también modifica la manera en que pueden funcionar algunas entidades estatales. El Decreto 1384 permite implementar cambios de horario, trabajo en casa y plantas temporales de personal.
Además, suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco de las medidas extraordinarias.
El propósito es que las entidades tengan mayor flexibilidad para reorganizar su operación y concentrar esfuerzos en la respuesta a la emergencia.
El DANE podrá utilizar información reservada
Otro de los decretos está relacionado con la información estadística. El Decreto 1385 permite levantar temporalmente la reserva estadística del DANE para facilitar procesos de georreferenciación, censos y caracterización de las familias afectadas.
La información será utilizada para identificar con mayor precisión dónde están las personas damnificadas y cuáles son sus necesidades.
Esta herramienta busca que las decisiones sobre vivienda, ayudas, infraestructura y servicios públicos se basen en información actualizada de los territorios afectados.
Colegios podrán funcionar en otros espacios
La educación es otro de los sectores incluidos en el paquete. El Decreto 1386 permite que las clases puedan desarrollarse temporalmente en espacios alternativos mientras se recuperan las sedes escolares que resultaron dañadas.
La medida responde a una afectación de miles de establecimientos educativos. La prioridad es evitar que los daños físicos de las instituciones se conviertan en una interrupción prolongada del proceso académico.
El Decreto 1387 complementa esta estrategia al permitir modificaciones temporales en los calendarios escolares de los municipios declarados en emergencia.
Se protegerán los recursos destinados a educación
El Decreto 1388 busca evitar que los problemas generados por el terremoto en los sistemas de información educativa terminen afectando los recursos destinados a las instituciones.
La norma suspende sanciones o descuentos presupuestales derivados de inconsistencias en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, cuando estas estén relacionadas con la emergencia.
Con ello, el Gobierno pretende garantizar que los estudiantes de las zonas afectadas continúen recibiendo los recursos necesarios para mantener su proceso educativo.
Empresas podrán financiar obras con sus impuestos
El último de los 11 decretos, el 1389, abre una nueva posibilidad para incorporar al sector privado en la reconstrucción.
La medida amplía el mecanismo de Obras por Impuestos a los municipios declarados en emergencia, sin exigir que pertenezcan a las categorías ZOMAC o PDET.
Las empresas que cumplan las condiciones podrán destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de infraestructura como colegios, hospitales, viviendas y vías.
Además, el decreto establece que el 35 % de estos recursos deberá priorizar municipios de categorías 5 y 6, generalmente caracterizados por tener menor capacidad institucional y financiera.
Una reconstrucción que deberá pasar del papel a las obras
El Gobierno sostiene que los 11 decretos buscan reducir obstáculos administrativos y acelerar la llegada de recursos a las comunidades.
El desafío ahora será convertir las nuevas herramientas jurídicas en obras concretas. El balance conocido al 9 de septiembre registraba 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. Además, más de 296.000 familias habían resultado afectadas.
Las cifras también muestran daños en viviendas, centros de salud, colegios, vías, aeropuertos, acueductos y puentes.
Por eso, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad de las entidades nacionales, departamentales y municipales para coordinarse y ejecutar los recursos con rapidez y transparencia.
La emergencia dejó claro que la reconstrucción no dependerá de una sola entidad. Con los nuevos decretos, el Gobierno busca que el Estado, las administraciones territoriales y el sector privado tengan más herramientas para participar en una recuperación que podría extenderse durante los próximos años.
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