Decreto mantiene permisos, requisitos y controles para los ciudadanos Bajada: El Gobierno Nacional levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. La medida no autoriza el porte libre y mantiene las condiciones establecidas por la legislación colombiana. El Gobierno Nacional anunció este martes un cambio importante en la política sobre el
Decreto mantiene permisos, requisitos y controles para los ciudadanos
Bajada: El Gobierno Nacional levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. La medida no autoriza el porte libre y mantiene las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
El Gobierno Nacional anunció este martes un cambio importante en la política sobre el porte de armas en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general que durante años había restringido la posibilidad de ejercer permisos de porte de armas de fuego.
La decisión modifica el escenario vigente para los ciudadanos que cuentan con autorizaciones individuales, pero no significa que cualquier persona pueda portar un arma de fuego.
El propio Gobierno aclaró que los requisitos legales, las condiciones y los controles institucionales permanecen vigentes. Por esa razón, el cambio debe entenderse como el levantamiento de una suspensión general y no como una autorización para el porte indiscriminado.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
El principal cambio consiste en que se levanta la suspensión general de los permisos de porte de armas en todo el territorio nacional.
El Decreto 1368 establece que las autoridades militares deberán restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y que no tengan restricciones particulares.
Esto significa que quienes ya poseen un permiso de porte vigente podrán ejercer las facultades asociadas a esa autorización sin tener que tramitar una autorización especial adicional, de acuerdo con las condiciones establecidas en la nueva norma.
Sin embargo, el decreto deja claro que la decisión no crea nuevos derechos ni modifica las reglas existentes para acceder legalmente al porte.
No significa que cualquier persona pueda portar un arma
Este es uno de los puntos más importantes de la nueva medida.
El levantamiento de la suspensión no equivale a una autorización general para portar armas de fuego.
La persona debe contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente. Además, el arma debe estar específicamente amparada por esa autorización y el titular debe cumplir todas las condiciones, obligaciones y restricciones establecidas por la legislación.
El Gobierno también recordó que continúan vigentes las disposiciones del Decreto Ley 2535 de 1993 y las normas relacionadas con el control de armas en Colombia.
¿Qué pasa con los permisos que ya estaban vigentes?
Uno de los efectos directos de la medida se concentra en los ciudadanos que ya tenían permisos individuales vigentes.
El decreto ordena restablecer la eficacia de esas autorizaciones siempre que no exista una restricción particular que impida ejercerlas.
Para esos titulares no será necesario solicitar una autorización especial adicional únicamente por el levantamiento de la suspensión general.
No obstante, el permiso continúa sujeto a las condiciones bajo las cuales fue expedido. La medida tampoco amplía automáticamente los alcances de una autorización existente.
Te puede interesar: Cursos gratis en Medellín
¿Quiénes no podrán ejercer el porte?
El decreto también establece límites claros.
No podrán ejercer el porte quienes tengan permisos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados.
Tampoco se habilita el porte de armas que hayan sido objeto de decomiso o de una medida judicial o administrativa que impida su utilización.
De igual manera, una autorización que únicamente permita la tenencia no se convierte automáticamente en un permiso para portar el arma fuera de los lugares autorizados.
Por eso, cada caso continúa dependiendo de la situación jurídica del permiso correspondiente.
Se mantienen los controles de las autoridades
El cambio anunciado por el Gobierno no elimina las facultades de las autoridades.
Las autoridades militares conservan sus competencias para expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar permisos.
La Policía, por su parte, mantiene sus facultades de control, inspección, vigilancia, incautación y decomiso.
El sistema estatal de registro y seguimiento también continuará funcionando para verificar la situación de las autorizaciones.
Esto permitirá diferenciar entre permisos vigentes y aquellos que tengan algún tipo de restricción.
El Gobierno podrá volver a suspender permisos
Otro elemento relevante es que el levantamiento de la suspensión general no impide que las autoridades adopten nuevas restricciones en el futuro.
El decreto deja abierta la posibilidad de establecer suspensiones generales o individuales si las condiciones de seguridad nacional, seguridad pública u orden público lo requieren.
Por lo tanto, la nueva política no significa que las autorizaciones queden garantizadas de manera permanente.
Las autoridades mantienen la capacidad de modificar las condiciones cuando existan circunstancias que, de acuerdo con la ley, justifiquen una nueva suspensión.
¿Por qué tomó esta decisión el Gobierno?
El presidente Abelardo de la Espriella presentó el levantamiento de la suspensión como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña.
El mandatario argumentó que durante años se restringió a ciudadanos que cumplen la ley mientras las organizaciones criminales continuaron utilizando armas de manera ilegal.
El Gobierno sostiene que la medida busca modificar ese escenario, aunque mantiene controles estrictos sobre el porte legal.
La discusión alrededor de esta decisión seguramente continuará, debido a las implicaciones que tiene para la seguridad pública y la política de control de armas en Colombia.
Una medida que cambia la política vigente
El porte de armas en Colombia había permanecido bajo un esquema de suspensión general durante varios años, aunque con excepciones y autorizaciones individuales determinadas por las autoridades.
Con el Decreto 1368 de 2026, el Gobierno modifica ese esquema y devuelve eficacia a los permisos individuales que cumplan las condiciones establecidas.
El cambio, sin embargo, mantiene el principio fundamental de que el porte legal requiere autorización estatal.
La medida comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. También se estableció la derogatoria de normas anteriores relacionadas con la suspensión general que ahora queda levantada.
La clave está en diferenciar porte y libre porte
La principal confusión que puede generar el anuncio es pensar que desde ahora cualquier ciudadano puede salir armado.
Eso no es lo que establece el decreto.
El Gobierno levantó una suspensión general, pero no eliminó los permisos individuales ni los controles.
Por eso, quienes quieran ejercer legalmente el porte deberán cumplir las condiciones previstas por la legislación y contar con la autorización correspondiente.
El nuevo escenario modifica una política de restricción general, pero conserva el control estatal sobre las armas de fuego.
La discusión apenas comienza y tendrá como uno de sus principales puntos de debate el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos y las políticas de seguridad destinadas a evitar el uso ilegal de armas.
Más Noticias en nuestras Redes
