El expresidente compareció ante la Fiscalía por un expediente que investiga hechos ocurridos entre 1996 y 1998 Bajada: Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes a la Fiscalía para rendir indagatoria por una investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María
El expresidente compareció ante la Fiscalía por un expediente que investiga hechos ocurridos entre 1996 y 1998
Bajada: Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes a la Fiscalía para rendir indagatoria por una investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este viernes 4 de septiembre al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para rendir indagatoria dentro de una investigación que revisa hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa.
La diligencia está relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, así como con el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Los hechos investigados ocurrieron principalmente entre 1996 y 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La Fiscalía busca establecer si existieron responsabilidades por acción u omisión y determinar qué conocimiento pudieron tener las autoridades departamentales sobre las incursiones de grupos paramilitares en diferentes municipios de Antioquia.
Uribe acudió a la Fiscalía y defendió su actuación
Antes de ingresar a la diligencia, el expresidente manifestó ante los medios que acudía con tristeza, pero también por respeto a la Constitución, a su familia, a sus compatriotas y a la justicia.
Uribe rechazó nuevamente los señalamientos que lo relacionan con hechos de violencia y sostuvo que nunca ha sido responsable de los crímenes por los que está siendo investigado.
“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó en su pronunciamiento previo a la diligencia.
El exmandatario también hizo referencia a las distintas acusaciones que ha enfrentado durante su trayectoria política y cuestionó los señalamientos que, según él, han buscado afectar su reputación.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, había solicitado aplazar la indagatoria mientras se resolvía una controversia relacionada con la competencia para adelantar el proceso. La Fiscalía negó nuevamente esa petición y mantuvo la diligencia para este viernes.
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La masacre de La Granja está en el centro del expediente
Uno de los hechos que revisa la Fiscalía es la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996 en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que grupos paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a habitantes del corregimiento.
Dentro del expediente se analiza, entre otros elementos, qué información tenían las autoridades sobre la presencia y actuación de estos grupos y cuál fue la respuesta institucional frente a las amenazas contra la población civil.
La Fiscalía ha planteado la hipótesis de que Uribe, en su condición de gobernador, pudo haber conocido los riesgos que enfrentaban comunidades de esas regiones. Esta es una hipótesis de investigación y no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad penal.
El Aro, otro de los episodios investigados
Más de un año después de La Granja ocurrió la masacre de El Aro, también en Ituango.
La incursión paramilitar provocó asesinatos, desplazamientos y destrucción de bienes en el corregimiento. El caso se convirtió con el paso de los años en uno de los episodios más graves de violencia registrados en Antioquia.
Precisamente por la relevancia de este hecho, el expediente ha recopilado durante años testimonios y documentos destinados a establecer quiénes participaron, qué información tenían las autoridades y si existieron posibles omisiones o colaboraciones.
Entre los testimonios que han sido mencionados dentro de la investigación aparece el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha entregado versiones sobre la operación y sobre supuestos vínculos entre estructuras paramilitares y funcionarios de la época.
La defensa de Uribe cuestiona los señalamientos y la valoración de algunos testimonios utilizados dentro de la investigación. citeturn1search9turn1news2
También investigan hechos relacionados con San Roque
El expediente no se limita a Ituango.
La Fiscalía también incluyó hechos relacionados con San Roque, municipio del nordeste antioqueño donde se investiga la actividad de grupos paramilitares y su posible relación con la hacienda Guacharacas.
La propiedad perteneció a la familia Uribe Vélez y su entorno aparece dentro de una de las líneas históricas que la Fiscalía busca reconstruir.
La investigación pretende establecer si existió alguna relación entre las estructuras paramilitares que operaban en la región y personas vinculadas con la administración departamental o con sectores privados.
En este punto, nuevamente, se trata de hechos y relaciones que están siendo examinados dentro de un proceso penal y que deberán ser demostrados mediante pruebas.
Jesús María Valle fue asesinado en Medellín
El cuarto componente del expediente corresponde al asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que denunció públicamente la violencia paramilitar en Antioquia.
Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín.
Su muerte ocurrió después de que hubiera realizado denuncias y advertencias sobre la situación de violencia que afectaba especialmente a comunidades de Ituango y otras zonas del departamento.
La Fiscalía investiga las circunstancias del crimen y los posibles vínculos que pudieron existir entre quienes ordenaron o ejecutaron el asesinato y los hechos denunciados previamente por el defensor de derechos humanos.
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Una investigación que lleva décadas
El expediente contra Uribe no nació recientemente.
Los hechos que forman parte de la investigación ocurrieron hace casi tres décadas y han pasado por diferentes etapas judiciales. En junio de 2026, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema formalizó la investigación y vinculó al expresidente mediante indagatoria.
Según la información conocida sobre la decisión fiscal, entre las conductas investigadas aparecen el concierto para delinquir agravado y el homicidio en persona protegida, en relación con los hechos incluidos en el expediente.
La investigación pretende reconstruir la actuación de diferentes actores durante un periodo de fuerte expansión paramilitar en Antioquia.
¿Qué significa la indagatoria?
La indagatoria no representa una condena ni significa que la Fiscalía haya declarado culpable al expresidente.
Se trata de una diligencia dentro del proceso penal en la que la persona investigada tiene la oportunidad de responder sobre los hechos que son materia de investigación y ejercer su derecho a la defensa.
En este caso, la declaración de Uribe forma parte de la reconstrucción judicial de acontecimientos que ocurrieron durante su administración como gobernador de Antioquia.
Después de esta etapa, la Fiscalía deberá continuar con la valoración de las pruebas y determinar cuáles son los pasos procesales que correspondan.
El caso vuelve a poner la mirada sobre Antioquia
La diligencia tiene una particular relevancia para Antioquia porque los principales hechos investigados ocurrieron en municipios que fueron duramente golpeados por el conflicto armado.
Ituango, en particular, fue escenario de incursiones paramilitares, desplazamientos y asesinatos durante la segunda mitad de los años noventa.
Casi 30 años después, la investigación busca establecer responsabilidades individuales y reconstruir las circunstancias que permitieron que esos hechos ocurrieran.
La comparecencia de Uribe ante la Fiscalía abre una nueva etapa dentro de un expediente que ha permanecido durante años bajo diferentes actuaciones judiciales.
Por ahora, el proceso continúa en fase de investigación y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada conforme a las pruebas y las decisiones de las autoridades competentes.
