La decisión termina el espacio sociojurídico con estructuras criminales del Valle de Aburrá y también pone fin a la mesa con Comuneros del Sur El Gobierno de Abelardo De la Espriella formalizó una nueva decisión que modifica de manera profunda la política de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales. Mediante dos resoluciones ejecutivas, el
La decisión termina el espacio sociojurídico con estructuras criminales del Valle de Aburrá y también pone fin a la mesa con Comuneros del Sur
El Gobierno de Abelardo De la Espriella formalizó una nueva decisión que modifica de manera profunda la política de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales. Mediante dos resoluciones ejecutivas, el Ejecutivo puso fin al espacio de conversación sociojurídica que mantenía con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, además de cerrar la mesa de diálogo con Comuneros del Sur.
Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones 365 y 369 de 2026, que también dejaron sin efecto las normas que habían permitido la creación y funcionamiento de estos espacios durante el Gobierno anterior.
Gobierno termina la mesa con bandas del Valle de Aburrá
Para Medellín y los municipios metropolitanos, una de las decisiones más relevantes es la terminación del llamado espacio de conversación sociojurídico con estructuras criminales de alto impacto.
Este proceso había comenzado formalmente en 2023 y buscaba generar acercamientos con diferentes organizaciones delincuenciales con presencia en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
Durante el proceso participaron estructuras como La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos con presencia en diferentes sectores del área metropolitana.
La nueva resolución significa que el Gobierno nacional ya no mantendrá este mecanismo de conversación bajo el esquema establecido durante la administración anterior.
¿Por qué se acaba el diálogo con las bandas?
Una de las principales razones expuestas por el Ejecutivo está relacionada con la ausencia de un marco jurídico de sometimiento a la justicia que permita establecer una ruta clara para los integrantes de las organizaciones criminales.
El Gobierno considera que, sin un instrumento legal que defina las condiciones de sometimiento y tránsito hacia la legalidad, no existe una ruta jurídica suficiente para continuar con el espacio de conversación.
A esto se suma la posición oficial de que no se habría podido demostrar una voluntad real de paz y reinserción a la vida civil por parte de las estructuras involucradas.
El antecedente de la cárcel La Paz
La decisión llega pocos días después de otro movimiento que había generado preocupación alrededor del futuro de la denominada paz urbana.
Un grupo de 104 personas privadas de la libertad fue trasladado desde la cárcel La Paz, en Itagüí. Entre ellas estaban 17 integrantes de la mesa de paz urbana que permanecían recluidos en ese establecimiento.
Este movimiento ya había sido interpretado como una señal de debilitamiento del mecanismo de conversación que funcionaba con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Ahora, con la resolución del Gobierno, el cierre queda formalizado desde el punto de vista administrativo.
¿Qué puede pasar en Medellín?
Uno de los principales interrogantes ahora está relacionado con el comportamiento de las estructuras criminales que habían participado en el espacio de diálogo.
El cierre de la mesa no significa automáticamente que aumente la violencia, pero sí genera preocupación sobre la posibilidad de que algunas organizaciones retomen disputas por territorios, rentas ilegales o control de actividades criminales.
Entre los escenarios que se han mencionado están posibles ajustes de cuentas, retaliaciones o enfrentamientos entre estructuras.
Sin embargo, cualquier cambio en los indicadores de seguridad deberá ser evaluado con base en datos oficiales y en la evolución de los hechos durante las próximas semanas.
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El Gobierno cambia la estrategia
La administración De la Espriella ha insistido en que no mantendrá mesas de diálogo que, desde su perspectiva, no produzcan resultados concretos.
La decisión sobre las bandas de Medellín representa una ruptura con el mecanismo de paz urbana impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La nueva administración busca que cualquier proceso con organizaciones criminales tenga como eje el sometimiento a la justicia y una ruta legal claramente definida.
Comuneros del Sur también queda por fuera
La segunda resolución conocida este viernes corresponde a Comuneros del Sur, estructura con la que el Gobierno anterior había desarrollado una mesa de diálogo en Nariño.
El Ejecutivo argumentó que no ha sido posible establecer una línea jurídica e institucional clara que permita materializar el sometimiento a la justicia, definir la situación jurídica de sus integrantes y concretar su tránsito a la legalidad.
Por esta razón, el Gobierno concluyó que tampoco podía evidenciar una voluntad real de paz y reinserción por parte de esa organización. citeturn0search1
La mesa de Comuneros tenía avances previos
El cierre ocurre pese a que durante la administración anterior se habían reportado avances en diferentes áreas.
La Delegación del Gobierno había informado en junio que durante 19 meses se habían alcanzado 12 acuerdos parciales relacionados con sustitución de cultivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención del reclutamiento de menores y proyectos productivos, educativos, viales y culturales.
Sin embargo, el proceso había sufrido un fuerte golpe después de una operación atribuida a Comuneros del Sur en una clínica de Pasto para intentar extraer a un integrante de la organización que estaba bajo custodia.
El Gobierno de entonces condenó la acción y advirtió que ponía en riesgo los avances alcanzados en la mesa.
Medellín queda ante una nueva etapa de seguridad
Para Medellín y el Valle de Aburrá, la terminación del espacio sociojurídico abre una etapa diferente frente a las organizaciones criminales.
La administración nacional tendrá que definir cómo enfrentará a las estructuras que anteriormente tenían un canal de conversación con el Estado.
En paralelo, las autoridades locales deberán continuar con sus estrategias de seguridad, prevención y persecución de las rentas criminales.
El reto será evitar que la desaparición de la mesa genere espacios que puedan ser aprovechados por organizaciones para aumentar su control territorial.
El futuro del Clan del Golfo sigue pendiente
Aunque el Gobierno ha cerrado estos dos espacios y anteriormente tomó decisiones frente a otros grupos, todavía existe incertidumbre sobre el futuro de algunos procesos.
Hasta el momento no se conocía una resolución equivalente que pusiera fin a las conversaciones con el Clan del Golfo.
Por eso, el desmonte de la llamada Paz Total continúa avanzando de manera diferenciada según cada organización.
Un giro definitivo frente a la Paz Total
Con el cierre de los diálogos con Comuneros del Sur y las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, el Gobierno De la Espriella consolida un cambio de rumbo frente a la política de negociación heredada.
Para Medellín, el punto central será observar cómo reaccionan las organizaciones que hicieron parte del proceso y si la terminación del mecanismo tiene algún efecto sobre los indicadores de violencia.
La seguridad del Valle de Aburrá entra así en una nueva etapa, marcada por el abandono de la mesa de conversación y el regreso del sometimiento a la justicia como uno de los principales ejes de la estrategia gubernamental.
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