La decisión también cobija al activista Beto Coral tras una nueva revisión de los niveles de riesgo La Unidad Nacional de Protección decidió retirar las medidas de seguridad que tenían Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar las condiciones que habían permitido asignarlas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó una nueva
La decisión también cobija al activista Beto Coral tras una nueva revisión de los niveles de riesgo
La Unidad Nacional de Protección decidió retirar las medidas de seguridad que tenían Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar las condiciones que habían permitido asignarlas.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó una nueva decisión sobre los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral. La entidad ordenó retirar las medidas de protección que tenían los tres beneficiarios después de revisar nuevamente sus condiciones de riesgo.
La determinación se conoce en medio de la controversia que durante los últimos meses ha rodeado la asignación de esquemas de seguridad a personas cercanas al anterior Gobierno nacional.
La UNP realiza periódicamente evaluaciones para determinar si las condiciones que dieron origen a una medida de protección continúan vigentes y si justifican mantener los recursos destinados a la seguridad de cada persona.
La UNP revisó nuevamente los tres casos
La decisión se produjo después de una revisión de las condiciones particulares de riesgo de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral.
El análisis busca establecer si existen circunstancias que hagan necesario mantener, modificar o retirar las medidas de protección asignadas anteriormente.
Tras la evaluación, la entidad determinó que los tres casos ya no contaban con elementos suficientes para mantener los esquemas bajo las condiciones que habían sido establecidas.
Los tres tenían protección asignada
Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral habían recibido medidas de protección durante el anterior Gobierno.
La asignación de estos esquemas había generado cuestionamientos públicos debido a sus vínculos políticos y a las circunstancias en las que fueron otorgados.
La nueva decisión modifica la situación de seguridad que tenían hasta ahora.
La medida responde a una evaluación de riesgo
El retiro de un esquema de protección no significa por sí mismo que una persona nunca haya enfrentado amenazas.
La UNP evalúa diferentes factores para establecer el nivel de riesgo y determinar qué medidas resultan necesarias en cada caso.
En esta oportunidad, la entidad concluyó que no estaban dadas las condiciones para mantener los esquemas asignados.
Gabriela Muñoz había defendido su esquema
El caso de Gabriela Muñoz había generado especial atención después de que se conociera que contaba con protección de la UNP.
Muñoz había sostenido públicamente que las medidas obedecían a amenazas que, según afirmó, habían sido denunciadas ante las autoridades.
Muñoz aseguró que había recibido amenazas
La joven defendió la necesidad del esquema y señaló que había iniciado el trámite de protección meses atrás.
Según sus declaraciones públicas, las amenazas en su contra habían sido reportadas ante la Fiscalía y estaban relacionadas con situaciones que consideraba un riesgo para su seguridad.
Su esquema había sido asignado en junio
La protección de Muñoz había sido asignada el 26 de junio de 2026.
Según la información conocida sobre el caso, el esquema estaba compuesto por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.
La medida se había otorgado bajo las disposiciones relacionadas con la protección de dirigentes o activistas políticos.
El caso estuvo rodeado de polémica
La asignación ocurrió en medio de cuestionamientos sobre la cercanía de Muñoz con el expresidente Gustavo Petro y de denuncias públicas relacionadas con su presunta influencia en la Aeronáutica Civil.
Esas circunstancias hicieron que su esquema de seguridad fuera objeto de atención y debate público.
Juliana Guerrero también quedó sin esquema
La decisión de la UNP también afecta a Juliana Guerrero, cuyo nombre ha estado en el centro de varias controversias durante 2026.
Guerrero había recibido protección pese a no desempeñar un cargo público al momento de la asignación del esquema.
Guerrero había tenido un vehículo blindado y escoltas
La información conocida anteriormente sobre su esquema señalaba que contaba con un vehículo blindado y dos escoltas.
La medida había sido solicitada mientras Guerrero se encontraba vinculada a la Presidencia de la República.
Su protección había generado cuestionamientos
El esquema de Guerrero fue cuestionado públicamente debido a que no ocupaba un cargo público cuando recibió las medidas.
También circularon versiones sobre un número mayor de vehículos y escoltas, aunque posteriormente se conocieron documentos que mostraban una estructura diferente.
La situación judicial de Guerrero también ha sido polémica
El nombre de Juliana Guerrero ha estado relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades.
Entre los casos conocidos se encuentra un proceso relacionado con un supuesto título universitario utilizado para aspirar a un cargo en el Gobierno.
Además, la Fiscalía ha adelantado actuaciones relacionadas con otros asuntos que involucran a Guerrero y a personas de su entorno.
Beto Coral completa el grupo al que le retiraron la protección
El tercer caso corresponde al activista y creador de contenido Beto Coral.
Coral también había recibido medidas de protección por parte de la UNP y ahora deberá afrontar el retiro de ese esquema.
Coral había recibido protección después de regresar a Colombia
El activista recibió protección después de su salida de Estados Unidos y su posterior regreso al país.
Su situación también había generado debate por las condiciones bajo las cuales se habría asignado el esquema.
La decisión hace parte de la misma revisión
Al igual que en los casos de Muñoz y Guerrero, la UNP revisó las condiciones particulares de Coral.
El resultado fue la decisión de retirar las medidas de protección que tenía asignadas.
Los tres casos quedan sin el esquema anterior
Con la determinación de la entidad, los tres beneficiarios pierden las medidas de seguridad que habían recibido.
La decisión hace parte de una revisión más amplia de los esquemas que actualmente administra la UNP.
La protección estatal debe responder al nivel de riesgo
La UNP tiene como función proteger a personas que enfrentan diferentes niveles de amenaza.
Para determinar quién requiere medidas, la entidad debe analizar factores relacionados con el riesgo, la vulnerabilidad y las circunstancias particulares de cada persona.
Las medidas pueden modificarse
Los esquemas de seguridad no necesariamente permanecen iguales durante todo el tiempo.
Dependiendo de los resultados de las evaluaciones, pueden mantenerse, reducirse, modificarse o retirarse.
La revisión busca optimizar los recursos
La protección estatal implica el uso de vehículos, escoltas, equipos y otros recursos públicos.
Por esta razón, las evaluaciones periódicas buscan garantizar que estos elementos sean destinados a las personas que realmente cumplen los criterios establecidos.
El retiro no elimina la posibilidad de controvertir
Las personas afectadas por una decisión de este tipo pueden utilizar los mecanismos establecidos para controvertirla.
En el caso de Juliana Guerrero y Beto Coral, se ha informado que cuentan con un plazo para presentar los recursos correspondientes.
La decisión vuelve a poner a la UNP en el centro del debate
El retiro de los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral reabre la discusión sobre la forma en que se asignan y revisan las medidas de protección financiadas con recursos públicos.
La decisión también marca un cambio frente a las medidas que habían sido asignadas durante el Gobierno anterior.
La entidad deberá justificar sus decisiones
La evaluación técnica de los niveles de riesgo es la base para determinar quién recibe protección.
Por ello, las decisiones de la UNP deben estar sustentadas en los procedimientos establecidos y en la información recopilada durante los estudios correspondientes.
Los casos seguirán generando debate
Los tres nombres han estado relacionados con diferentes controversias políticas y administrativas durante los últimos meses.
Por esta razón, el retiro de sus esquemas probablemente continuará generando reacciones entre sectores políticos y ciudadanos.
La seguridad dependerá de la evolución del riesgo
El retiro de las medidas no significa necesariamente que los casos queden cerrados de manera permanente.
Si las circunstancias de riesgo cambian y se cumplen nuevamente los requisitos establecidos, las personas pueden solicitar que su situación sea evaluada de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
La UNP, por ahora, determinó retirar los esquemas de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral después de revisar nuevamente sus niveles de riesgo.
