La Corte Constitucional deberá definir qué autoridad continuará con el proceso contra el expresidente La Fiscalía decidió conservar temporalmente los expedientes mientras se resuelve la disputa sobre si el caso debe pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de
La Corte Constitucional deberá definir qué autoridad continuará con el proceso contra el expresidente
La Fiscalía decidió conservar temporalmente los expedientes mientras se resuelve la disputa sobre si el caso debe pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia, continuarán por ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión se conoce después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamara la competencia sobre el expediente y solicitara formalmente que las actuaciones fueran trasladadas al Congreso.
Fiscalía decidió conservar los expedientes
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó mantener en su despacho las investigaciones relacionadas con Uribe.
La decisión es temporal, pues la discusión sobre qué autoridad tiene competencia para adelantar el proceso deberá ser resuelta por la Corte Constitucional.
La Comisión de Acusaciones reclama el proceso
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes considera que el expediente debería pasar a esa instancia.
El argumento está relacionado con la hipótesis de que uno de los delitos investigados, específicamente el presunto concierto para delinquir agravado, habría tenido continuidad durante el periodo en el que Uribe ya ejercía como presidente de Colombia.
El debate gira alrededor del fuero presidencial
Uno de los puntos centrales de la discusión jurídica es determinar si los hechos investigados están cobijados por el fuero que corresponde a quienes ejercieron la Presidencia de la República.
Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y posteriormente presidente de Colombia entre 2002 y 2010. La diferencia entre esos periodos resulta determinante para establecer qué autoridad podría tener competencia sobre los hechos investigados.
Fiscalía considera que el traslado no es viable por ahora
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía, ha sostenido que el traslado solicitado por la Comisión de Acusaciones no resulta jurídicamente viable en este momento.
Uno de los argumentos expuestos es que los hechos que dieron origen a la investigación habrían ocurrido antes del periodo presidencial de Uribe.
El Aro y La Granja están en el centro del expediente
Las investigaciones se remontan a hechos de violencia ocurridos hace cerca de tres décadas en el departamento de Antioquia.
La Fiscalía busca establecer si existió alguna responsabilidad penal de Uribe en relación con estos acontecimientos y con otros hechos incluidos dentro del mismo expediente.
La masacre de La Granja ocurrió en Ituango
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, en zona rural de Ituango, Antioquia.
El hecho fue perpetrado por integrantes de grupos paramilitares y dejó cuatro personas asesinadas, además de generar desplazamiento de habitantes de la zona.
El Aro fue atacado en 1997
La masacre de El Aro ocurrió en octubre de 1997, también en jurisdicción de Ituango.
El ataque fue cometido por paramilitares y dejó múltiples víctimas mortales y desplazamientos de población. Para ese momento, Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La investigación incluye otros hechos
El expediente no se limita a las masacres de El Aro y La Granja.
La Fiscalía también investiga el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y hechos relacionados con la presunta conformación del Bloque Metro en Antioquia.
También aparece la hacienda Guacharacas
Otro de los asuntos incluidos en la investigación está relacionado con la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe en aquella época.
La Fiscalía indaga circunstancias relacionadas con la presunta conformación de un grupo paramilitar en esa zona de Antioquia.
La investigación contra Uribe sigue en etapa judicial
El proceso ha tenido diferentes movimientos durante 2026.
En junio, la Fiscalía abrió formalmente la investigación y citó a Uribe a indagatoria por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado, dentro de las actuaciones relacionadas con estos hechos.
La indagatoria ha sufrido varios cambios
La diligencia de indagatoria inicialmente estaba prevista para julio, pero posteriormente fue aplazada.
La Fiscalía terminó reprogramándola para agosto, luego de aceptar una solicitud presentada por la defensa del expresidente.
Uribe ha cuestionado la actuación de la Fiscalía
El expresidente ha criticado públicamente la investigación y ha cuestionado las decisiones adoptadas por el ente acusador.
En junio, después de conocer el llamado a indagatoria, Uribe calificó la actuación de la fiscal como una supuesta presión política.
La defensa también ha presentado reparos
Los abogados del expresidente han cuestionado aspectos relacionados con las pruebas y el desarrollo de la investigación.
La discusión jurídica continuará mientras las autoridades determinan tanto la competencia como el alcance de las actuaciones dentro del expediente.
Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la competencia
La decisión de la Fiscalía no significa que el proceso haya quedado definido definitivamente en esa entidad.
La Corte Constitucional deberá resolver el conflicto relacionado con la autoridad que debe continuar conociendo el expediente.
El expediente permanece temporalmente en la Fiscalía
Mientras se resuelve el conflicto, las actuaciones permanecerán en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema.
Esto permite que el proceso continúe bajo esa instancia mientras se adopta una decisión definitiva sobre la competencia.
El caso podría pasar al Congreso
Si la Corte Constitucional determina que la Comisión de Investigación y Acusación tiene competencia, el expediente tendría que ser trasladado a esa instancia de la Cámara de Representantes.
Por ahora, esa posibilidad todavía depende de la decisión que adopte la Corte.
La investigación no equivale a una condena
Es importante recordar que la investigación busca determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidad penal.
La permanencia del expediente en la Fiscalía o un eventual traslado a la Comisión de Acusaciones no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad contra el expresidente.
