Un contrato de capacitación por más de $70 millones quedó bajo investigación Una denuncia presentada ante organismos de control puso bajo la lupa un contrato del Concejo de Itagüí relacionado con capacitación en Inteligencia Artificial. El caso tomó fuerza porque varios concejales que aparecen como beneficiarios de un diplomado de 40 horas aseguran que nunca
Un contrato de capacitación por más de $70 millones quedó bajo investigación
Una denuncia presentada ante organismos de control puso bajo la lupa un contrato del Concejo de Itagüí relacionado con capacitación en Inteligencia Artificial. El caso tomó fuerza porque varios concejales que aparecen como beneficiarios de un diplomado de 40 horas aseguran que nunca asistieron a las sesiones ni recibieron los certificados que figuran en los documentos de ejecución. La denuncia también cuestiona las planillas de asistencia y algunas firmas que aparecen en ellas. El contrato involucró además la implementación de una herramienta digital y tuvo un valor total superior a $151 millones. Los denunciantes pidieron a la Contraloría y la Personería establecer si hubo irregularidades administrativas, disciplinarias o fiscales.
El Concejo de Itagüí quedó en el centro de una controversia por un contrato que incluía un diplomado sobre Inteligencia Artificial dirigido a concejales y funcionarios de la corporación.
La denuncia fue presentada por concejales que solicitaron revisar la ejecución del contrato CM002-2026, suscrito entre el Concejo y la empresa Propcol SAS.
El asunto que generó mayor preocupación es que algunos de los funcionarios que aparecen certificados como participantes del proceso de formación aseguran que nunca asistieron a las capacitaciones.
Inteligencia Artificial y un contrato bajo la lupa
Según los documentos citados en la denuncia, el contrato contemplaba un diplomado de 40 horas sobre Inteligencia Artificial Aplicada.
La capacitación debía desarrollarse durante varias jornadas de marzo y estaba dirigida a integrantes del Concejo.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que las evidencias entregadas para demostrar el cumplimiento del componente de formación presentan inconsistencias.
Una de las principales observaciones está relacionada con las planillas de asistencia.
Según la información conocida, en los soportes solamente aparece una planilla correspondiente a cuatro horas de capacitación, pese a que el programa debía completar 40 horas.
Concejales dicen que nunca asistieron
La controversia aumentó al revisar los certificados expedidos después de la supuesta capacitación.
En total aparecen 20 diplomas emitidos el 25 de marzo de 2026.
El problema, según los concejales denunciantes, es que algunos de los nombres incluidos en esos documentos corresponden a personas que aseguran no haber participado en el diplomado.
El concejal Walter Betancur manifestó en su denuncia que no asistió a ninguna de las sesiones ni recibió el certificado que aparece a su nombre.
Camilo Andrés Valencia también aseguró que no sabía que se había realizado el diplomado y que descubrió la situación al revisar el informe de actividades del contrato.
También cuestionan las firmas
La denuncia no se limita a la supuesta falta de asistencia.
Los concejales que solicitaron la investigación compararon las firmas que aparecen en las planillas del diplomado con los registros habituales de asistencia al Concejo.
Según su revisión, existirían rúbricas que no coincidirían con las utilizadas normalmente por algunos de los corporados.
Este punto es particularmente sensible porque, de comprobarse alguna alteración documental, el caso podría pasar de una discusión administrativa a una investigación de carácter disciplinario o penal.
Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades competentes.
¿Cuánto dinero involucró el contrato?
El contrato con Propcol SAS incluyó diferentes componentes.
De acuerdo con los documentos citados en la denuncia, el valor total habría alcanzado los $151,8 millones, incluido el IVA.
Dentro de ese monto se encontraban los recursos destinados al diplomado y a la instalación de un aplicativo para apoyar las labores de los concejales.
La denuncia señala que el componente de formación representó alrededor de $71,4 millones, mientras que otro monto importante correspondió a la herramienta digital.
Piden intervención de los organismos de control
Los concejales que hicieron pública la denuncia acudieron a la Contraloría y la Personería de Itagüí para solicitar una revisión detallada de la ejecución contractual.
Entre las peticiones está verificar las listas completas de asistencia, revisar la autenticidad de los certificados y determinar si los servicios cobrados fueron efectivamente prestados.
También solicitaron establecer si pudo existir un eventual detrimento de recursos públicos.
La denuncia fue radicada el pasado 12 de agosto y los promotores del caso anticiparon que podrían acudir a la Fiscalía si las investigaciones encuentran elementos que lo ameriten.
La empresa contratista también deberá responder
La controversia involucra igualmente a Propcol SAS, empresa encargada de ejecutar el contrato.
El medio que publicó inicialmente la investigación intentó obtener respuestas de la compañía y de otras personas relacionadas con el proceso, pero no consiguió declaraciones de varios de los involucrados.
El expresidente del Concejo Daniel González, quien suscribió el contrato desde la corporación, rechazó los señalamientos y afirmó que demostrará ante las autoridades competentes que lo denunciado es falso.
Un debate sobre el uso de recursos públicos
El caso trasciende el debate sobre una capacitación en Inteligencia Artificial.
La discusión central está relacionada con la forma en que se utilizan los recursos públicos y con los mecanismos empleados para demostrar que un contrato efectivamente se ejecutó.
Cuando una entidad pública paga por una capacitación, debe existir evidencia suficiente de que los beneficiarios recibieron el servicio contratado.
Por eso, las planillas de asistencia, certificados, informes y demás documentos de soporte serán elementos importantes para determinar qué ocurrió realmente.
La investigación deberá determinar qué pasó
Por ahora no existe una conclusión definitiva sobre las posibles responsabilidades.
Los señalamientos deberán ser contrastados con los documentos originales, testimonios de los participantes, registros de asistencia y demás pruebas que soliciten los organismos de control.
La prioridad será establecer si el diplomado efectivamente se realizó en las condiciones establecidas en el contrato y si los recursos pagados correspondieron a servicios realmente prestados.
El caso de Itagüí vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles sobre la contratación pública y garantizar que cada peso destinado a capacitación y herramientas institucionales pueda ser justificado.
